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Ponencia del PPT en vistas sobre P. del S. 1304 (Reforma Contributiva)

Ponencia del Partido del Pueblo Trabajador en las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1304, presentada el 18 de marzo de 2015.

Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Bernabe. Me dirijo a ustedes como portavoz del Partido del Pueblo Trabajador.

Puerto Rico atraviesa por una doble crisis: una crisis fiscal, es decir, de las finanzas del gobierno, y una crisis económica. La primera se traduce en una recurrente insuficiencia fiscal (exceso de gastos sobre los recaudos) y la segunda en una ausencia de crecimiento y un decrecimiento del empleo durante casi una década. En ese renglón el cambio ha sido particularmente grave. En 2007 había 1, 263,000 empleos en Puerto Rico. Desde entonces han desaparecido cerca del 20% o 250 mil empleos, a la vez que la tasa de participación laboral cayó de 48.6% a 41.2%.[1]

De esta pareja maligna de crisis fiscal y crisis económica, la segunda es la más importante: las finanzas del estado difícilmente gozarán de salud en el seno de una economía gravemente enferma.

Sin embargo, en Puerto Rico la condición fiscal y la situación económica tienen un vínculo muy estrecho, pues la política contributiva ha sido el eje de la política económica del gobierno.[2]

Recordemos que desde hace más de una década esta política no genera un crecimiento ni del empleo ni del ingreso, a la vez que por su naturaleza priva al gobierno de una importante fuente de tributación.

No es raro que según se agota la política de exención contributiva aumente la deuda del gobierno central. Según la economía se estanca, el gobierno, a la vez que también se limitan sus recaudos, ha recurrido al endeudamiento para no reducir sus operaciones y servicios (o reducirlos en menor grado de lo que de otro modo sería necesario) o no tener que encarecerlos.[3] De ese modo, al problema de la insuficiencia fiscal y la crisis económica se ha ido sumando el problema de la deuda, que permitió evadir por un tiempo las primeras, pero que ha terminado por agravarlas. Tenemos que atender entonces una triple crisis: fiscal, económica y la crisis de la deuda.

Al destacar el vínculo de la crisis fiscal y de la deuda con la ausencia de crecimiento y el agotamiento de la política de exención contributiva cuestionamos por lo mismo ciertas ideas muy difundidas sobre la crisis actual que, a fuerza de reiterarse, se dan por buenas sin que se les someta al examen crítico y empírico que ameritan. Es importante indicarlas pues de ellas se derivan propuestas de política pública que nos parecen equivocadas y que tocan directamente el tema de la reforma contributiva.

La primera es la que atribuye la crisis fiscal al llamado gigantismo gubernamental, atribución que a menudo se acompaña de propuestas de reducir el gasto público, con o sin despidos, con o sin privatización.

En realidad no existe tal gigantismo. Como ya han demostrado distintos economistas, el número de empleados públicos en Puerto Rico comparado con su población (7.34 por cada 100 habitantes) no es particularmente alto. Hay 21 estados de Estados Unidos que tienen más empleados públicos por habitante que Puerto Rico. Puerto Rico no tiene un gobierno demasiado grande.

Más aún, durante la última década el empleo público en Puerto Rico se ha reducido significativamente, como indican los datos recogidos tanto por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como por la Junta de Planificación.[4] Según el IEPR entre 2008 y 2014 los empleados públicos de carrera bajaron de 225 mil a 165 mil, una reducción de 25% equivalente a 55 mil empleos y los empleados totales se redujeron de 275 mil a cerca de 225 mil, para una caída de 18% o 50 mil empleos.[5] En el Informe Económico al Gobernador 2013 se registra una caída de empleo en el gobierno de 290 mil en 2007 a 217 mil en 2013. Una reducción de 73 mil empleos o 25%.[6]

Según la ponencia de la Coalición Sindical ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la nómina con cargo al fondo general redujo de $5.5 a $3.5 miles de millones, una reducción de 36% entre 2009 y 2014. De igual forma la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BFG) ha indicado en estas vistas que los gastos anuales del fondo general se han reducido de un promedio de $10, 962 millones entre 2009 y 2013 a $9,376 millones en 2014, una reducción de $1,584 millones o 14.47%.[7]

Subrayamos entonces que Puerto Rico no tiene un gobierno demasiado grande y que en términos de empleo y nómina ese gobierno se ha ido reduciendo en años recientes.

Lo que es más bajo en Puerto Rico que en cualquier estado de Estados Unidos son los empleos privados comparados con su población (18 por cada 100 habitantes).[8] Es decir, no padecemos de gigantismo gubernamental, padecemos de raquitismo empresarial.

En segundo lugar, algunos atribuyen el raquitismo empresarial a que el gobierno supuestamente acapara los recursos que de otro modo estarían disponibles para el sector privado. El gobierno, se dice, ahoga el desarrollo del país.[9] La realidad es que, según el estudio de KPMG, los recaudos del gobierno de Puerto Rico son iguales a 8% del PIB (o 12% del PNB, aproximadamente). Esta es una porción mucho menor que la que puede observarse en los países que dicho estudio escogió como referentes para reflexionar sobre nuestra situación (Corea, 27%; Irlanda, 28%; Canadá, 31%; Portugal 32%, Nueva Zelanda 33%, por ejemplo).[10] Lo mismo ocurre si se toman los datos de KPMG sobre los recaudos de impuestos a corporaciones específicamente como por ciento del PIB: en el caso de Puerto Rico esos recaudos son 1.4% del PIB, por ciento que es la mitad del cálculo correspondiente en Chile (2.8%) y menos de la mitad si se compara con Canadá y Portugal (3.1%), Nueva Zelanda (3.9%), Corea (4%) y Singapur (4.1%).[11]

Por otro lado, e igualmente llamativo, durante la primera década del siglo la magnitud de los recaudos comparados con el PNB y el PIB se ha reducido de 16.1% y 10.6% respectivamente en 2000 a 11.8% y 7.7% en 2011.[12]

En resumen: la realidad es que el gobierno capta relativamente menos del ingreso del país comparado con otros países y capta menos en la actualidad que en el pasado. Por lo mismo, si Puerto Rico padece de raquitismo empresarial no es por causa de una presión o presencia desmedida del estado en la economía del país.

Esto nos debe poner en guardia ante dos nociones muy difundidas. Primero, la idea de que el crecimiento económico exige una reducción de la carga contributiva de las más grandes empresas que, "liberadas" de un gobierno supuestamente acaparador, desatarán una ola de inversiones productivas. No existe tal agobio gubernamental del sector privado. De hecho, no pocas quejas del sector empresarial sobre el mal servicio de agencias de gobierno se deben, no al exceso sino a la falta de recursos y personal de dichas agencias.

No existe garantía alguna de que la reducción de contribuciones a empresas y corporaciones se traduzca en un aumento de la inversión productiva. Al contrario: lo que sí puede predecirse es que la reducción del gasto y el empleo públicos tendrá un efecto depresivo en una economía que padece de raquitismo empresarial. Como demostró la ley 7 (2009), reducir el gasto público en una economía deprimida intensifica la depresión.[13]

Nada de esto niega el mal uso de recursos en el sector público, la abundancia de contratos y subcontratos innecesarios y la burocracia e ineficiencia que afecta agencias y corporaciones públicas y que es necesario erradicar.

Como indicamos, nos parece que el problema de fondo que enfrenta el país es la falta de crecimiento y que, sin negar el impacto de otros factores (incluyendo acciones o inacciones del gobierno federal) esto no puede desconectarse del agotamiento de la política de exención contributiva.

En ese sentido, al definir la encrucijada en la que nos encontramos en sus términos más básicos podemos decir que estamos ante dos caminos, dos rutas posibles.

Podemos continuar sin alterar la política de exención contributiva y seguir pagando la deuda sin variación de los términos vigentes. En ese caso será necesaria una política de aumento de impuestos a los hogares e individuos o de despidos y encarecimiento de servicios o una combinación de esas acciones. En todo caso se trata de un golpe al nivel de vida de la población, que se agravaría según los despidos tuviesen un efecto recesivo. Por otro lado, la falta de crecimiento (al no variarse una política agotada) supondría que la deuda tan solo podría pagarse o aumentando los sacrificios ya indicados o emitiendo nueva deuda para cubrir la anterior, en condiciones cada vez más onerosas. Estos pagos, luego de exigir sacrificios crecientes, conducirían, tarde o temprano, al impago (o a una reducción catastrófica de la actividad gubernamental). Este es el camino de posponer decisiones, del empobrecimiento y de la futura reestructuración de la deuda en condiciones más graves y caóticas.[14] No podemos seguir por este camino.

El segundo camino conlleva reevaluar la política de exención contributiva, lograr una tributación de emergencia de empresas ahora exentas y una tributación creciente en años futuros, así como iniciar una renegociación de la deuda, que debe incluir una auditoría de la misma. Esto debe acompañarse de una propuesta de reforma gubernamental y de un planteamiento al gobierno federal sobre la mutua conveniencia de un plan de reconstrucción económica en Puerto Rico. Esta es una tarea monumental y compleja, lo sabemos, pero es la que corresponde a la magnitud de la crisis en que nos hayamos. Este camino, difícil sin duda, abre la posibilidad de retomar el crecimiento acompañado de una mayor justicia social y económica.

Cuando escuchamos la insistencia del gobernador en aprobar el propuesto IVA a pesar del rechazo de tantas organizaciones, agrupaciones, empresas, sindicatos y expertos que han pasado por esta mesa no podemos dejar de pensar que se trata de una indicación de la extrema gravedad de la situación inmediata, situación que el gobernador no ha querido plantearle al país clara y honestamente, planteamiento que sería el mejor modo propiciar el debate serio y a fondo sobre la encrucijada en que nos encontramos y las distintas opciones que tenemos, con sus costos y beneficios.[15]

Informaciones que han circulado recientemente indican que estamos cerca del momento en que ya será imposible seguir pagando el servicio de la deuda sin introducir recortes radicales en las funciones del gobierno, o suspender parte de sus operaciones.[16]

La única manera de evitar esa disyuntiva, o de posponerla sería un aumento inmediato de recaudos, como el que se iniciaría con la implantación del IVA tan temprano como el próximo mes.

Si tal es la situación, entonces se debe hablar claro al país, para que se debatan las opciones, sea la suspensión y renegociación del pago de la deuda o los sacrificios que continuar pagándola conllevaría. En tiempos excepcionales, en momentos de emergencia hay que tomar acciones excepcionales.

Como ha señalado la presidenta del BGF, la deuda ha socavado "nuestra capacidad de destinar mayores recursos al desarrollo de nuestra economía."[17] Y si la economía no crece la deuda no puede pagarse.

En ese sentido es necesario reconocer que la deuda es insostenible. Insostenible

–        porque el servicio ya atenta contra la prestación de servicios que el país necesita

–        porque ahoga y juega contra la recuperación económica que permitiría pagarla

–        y porque a la larga, o quizás a la corta, es impagable.

Una deuda insostenible hay que renegociarla.[18] La pregunta ya no debe ser si se renegocia, sino cómo se renegocia. La pregunta debe ser, no si se reestructura, sino cuál reestructuración deseamos: una restructuración traumática y subordinante o, al contrario, una renegociación habilitante. Es decir, una reestructuración que en una coyuntura inesperada y caótica someta al país empobrecido a la dictadura de los acreedores o una restructuración que empiece a habilitar al país para iniciar un proceso de reconstrucción económica.[19]

Señalamos todo esto a manera de preámbulo pues no saldremos de la crisis actual si se insiste en diagnósticos sin fundamento y políticas equivocadas

–        de reducción del gasto y el empleo público (que puede realizarse sin despidos o por medio del mecanismo de attrition).

–        de concesiones a la ganancia privada, como supuesto motor casi mágico del crecimiento

–        o de marcha sonámbula hacia el desastre por no querer reconocer el carácter triplemente insostenible de la deuda y proceder a organizar una reestructuración habilitante de la misma.

Hasta ahora, la mayor parte de las medidas más importantes adoptadas según se agrava la insuficiencia fiscal y el peso del servicio de la deuda han correspondido al primero de los caminos señalados. Es el caso de la creación del IVU y la creación de COFINA en 2006, de la ley 7 (2009), de la legislación sobre alianzas público-privadas del mismo año y de la ley 66 (2014). Estas medidas han sido, no solo injustas, pues recargan el peso de la crisis sobre el pueblo trabajador, empleado y desempleado, por vía de impuestos al consumo y despidos o la eliminación de derechos adquiridos o negociados, según sea el caso, sino también inefectivas: han tenido un efecto depresivo y no han aliviado el problema de la deuda que, de hecho, se ha agravado año tras año.

Podemos decir que hay dos medidas que se han movido en la dirección correcta: la ley 154 (2010) que impone un arbitrio de 4% a las ventas a cerca de treinta empresas foráneas y la llamada patente nacional (Ley 40, 2013), no en general sino en la medida que aplica a las llamadas megatiendas que operan en la isla.[20] Desgraciadamente, se trata de medidas que no han conllevado una reconsideración de la política de exención ya mencionada. Aun así, el impuesto de 4% se ha convertido en fuente de alrededor de 20% de los recaudos del fondo general.

Es desde esta perspectiva que evaluamos el Proyecto del Senado 1304. Consideramos que la medida constituye un paso en la dirección errada: otra incursión en la ruta del primer camino señalado anteriormente cuyas consecuencias serán un mayor empobrecimiento de la mayor parte de la población, una creciente desigualdad económica y la perpetuación del estancamiento, con el consiguiente agravamiento del problema de la deuda, es decir, lo opuesto de lo que se pretende.

Desde antes que se radicara el proyecto señalamos dos preguntas que nos parecen fundamentales: ¿Pretende la reforma contributiva aumentar los recaudos del gobierno? ¿Cómo pretende la reforma aumentar los recaudos?[21]

En cuanto a lo primero, el proyecto no fija un objetivo preciso de aumento de recaudos. Hemos escuchado que la cifra correspondiente es (o era) $1.2 mil millones. Subrayamos que, a diferencia de algunos críticos del IVA y de esta medida, el PPT considera que es justo y legítimo y necesario que el gobierno intente aumentar sus recaudos. Como ya  indicamos, los datos demuestran que los recaudos actuales no son una carga onerosa si se les compara con el PNB o el PIB.

Pasamos entonces a la segunda pregunta: ¿Cómo pretende la reforma aumentar los recaudos?

Como adelantamos, ni el Proyecto 1034 ni el estudio de KPMG se refieren a la política de exención contributiva. Pero si los nuevos recaudos no han de provenir de las empresas que ahora se acogen a la exención contributiva, entonces tan solo pueden extraerse del resto de las corporaciones y de las familias e individuos.

Sin embargo, el proyecto rebaja las tasa contributiva de las corporaciones en un 25%. Todas tributarán 30% de sus ganancias. De este modo, según el estudio de KPMG, las corporaciones dejarán de tributar alrededor de $439 millones, aunque no existe ninguna garantía de que se invertirán productivamente en el país.

La medida también elimina la patente nacional, de manera tal que las megatiendas y grandes cadenas comerciales también dejarán de tributar millones de dólares.[22]

El proyecto no altera, ni aumenta ni reduce, la tributación que corresponde a la ley 154 (2010) (4% de las ventas de las foráneas).

De aquí se deduce la primera gran conclusión: si no se altera la tributación de las empresas exentas y se reduce la tasa contributiva a las corporaciones regulares (por $439 millones) entonces el aumento de recaudos proyectado proviene de un aumento a las contribuciones a los individuos y familias.

Repetimos: tanto en la propuesta de KPMG como en el proyecto se dejan sin alterar los impuestos a las corporaciones exentas, la tributación a través de la ley 154 de 2010 y se reduce la tasa contributiva a las corporaciones regulares y las megatiendas. De ahí no proviene el aumento de recaudos proyectado. Ese aumento, más lo que se reduce a las corporaciones (es decir $1.2 mil millones más al menos $439 millones para un total de $1,639 millones), proviene de las contribuciones de los individuos. Hemos hecho este señalamiento reiteradamente y no hemos escuchado respuesta convincente alguna.

Basta mirar el cuadro 7 (p. 14) del Executive Summary del estudio de KPMG y se notará que la única partida de tributación, la única repetimos, que aumenta en recaudos es el propuesto IVA, todo lo demás (contribuciones de corporaciones, contribuciones de ingreso de individuos, arbitrios, etc. o se quedan iguales o se reducen). En fin, si los recaudos aumentan es por medio de la imposición del IVA que pagan individuos y familias.

Sobre esto debemos decir que los portavoces del gobierno han practicado un verdadero intento de confundir y desviar la atención. Se dice y repite constantemente que la reforma reducirá la contribución sobre ingresos. Y eso es cierto. Pero lo que no dicen es que a la vez que se reduce la contribución sobre ingresos se aumenta la contribución total, pues el pago del IVA de 16% más que compensa la reducción de la baja en la tasa de contribución sobre ingresos.

En cuanto esto, el informe de KPMG es muy claro y honesto. Por un lado, si se consulta el ya mencionado cuadro 7 (p. 14) del  Executive Summary, puede constatarse que allí se explica que el aumento de recaudos proviene del IVA que pagan las personas y también se indica, en el cuadro 10 (p. 16), por cuanto aumentarán las contribuciones totales que pagarán los hogares en cada nivel de ingreso. Según el cuadro en todos los niveles de ingreso se pagará más luego de la reforma propuesta.[23]

El gobierno, y decimos el gobierno, pues el Departamento de Hacienda, agencia del gobierno, ha usado y está usando fondos públicos para promover la medida, ha argumentado que este no es el caso del proyecto, ya que incluye más exenciones que la propuesta de KPMG. Sobre esto hay que señalar cuatro cosas.

Primero, este cálculo depende de la estimación de lo que cada contribuyente paga en la actualidad, de las inclusiones y exenciones del proyecto y del estimado del por ciento del consumo que las personas en cada nivel de ingreso dedican a la compra de productos afectados por el IVA. Basta con sobreestimar lo primero y subestimar lo segundo para obtener el resultado deseado de un alivio contributivo.

Pero en ese caso, queda el misterio de cómo esta reforma obtiene un aumento de recaudos si, a la vez que se reducen las contribuciones a las personas, no solo no se aumentan sino se reducen las contribuciones a las corporaciones también.

Por otro lado, hay un hecho evidente que no se ha destacado con suficiente énfasis a la hora de determinar cómo esta medida afectará la mayoría de las personas. Hay que recordar que la mayoría de las personas están en el grupo con un ingreso anual menor de $20 mil.[24] En la actualidad estas personas, que son la mitad más pobre de la población, no paga contribución sobre ingresos, aunque si pagan el IVU de 7%. Pero ahora tendrán que pagar el IVA de 16%. Es evidente que para la mitad de la población al menos, el paso del IVU de 7% al IVA de 16% constituye un aumento considerable en su nivel de tributación y una clara reducción del "dinero en el bolsillo", para usar la frase de los defensores de la medida.

Por supuesto, desde un principio se habló también de una compensación por el efecto del IVA que recibirían las personas de más bajo ingresos. En su mensaje el gobernador habló de cien por ciento de compensación para los que tienen un ingreso menor a $20 mil.

Pero cuando se consulta el proyecto se descubre que el punto de las compensaciones queda a discreción del secretario de Hacienda que determinará quienes serán elegibles y cuál será el monto de la compensación. Se establecen algunos criterios para evaluar la elegibilidad pero se omite lo más importante: ¿cuál es la meta del ejercicio en términos del alcance de la compensación? ¿Se pretende compensar el 100% como afirmó el gobernador, o será 75% o 50%? Se ha informado que se está preparando un perfil del consumidor, lo cual ya indica que no se compensará lo gastado, sino un estimado general, pero, de nuevo, no sabemos si el perfil se usará para calcular una compensación de 100%, 75% o 50%.

Lo que deseamos subrayar es lo siguiente: cualquier compensación que sea menor al 100% de la diferencia entre el gasto en IVU y el IVA (de tasa más alta y aplicable a más productos) ya asegura que la mitad del país pagará más con la reforma que antes de la reforma. ¿Puede el secretario asegurar que la compensación será del 100% de la cifra indicada? ¿Es ese el objetivo? ¿Es esa la política que este proyecto supone? Cualquier respuesta negativa a estas preguntas ya demuestra que la mayoría del país, la mayoría más pobre, que ya no paga contribución sobre ingresos, tributará más como resultado de esta reforma. Nos preocupa, por tanto, la vaguedad de estas disposiciones y nos preocupa, más aún, que, apoyándose en que parte de los productos más esenciales están exentos del IVA y en que el IVA debe incentivar que la gente "salga a trabajar" y no se "recuesten" de la compensación, se fije la última aun nivel que esté lejos de compensar el efecto del IVA en la mitad más pobre del país (los hogares que tienen ingreso menor a $20 mil).[25]

(Debemos recordar, de paso, que como han señalado otros deponentes, de procesador de planillas una vez al año Hacienda se convertirá en procesador de solicitudes y emisor de más de 600 mil cheques o compensaciones tres veces al año.[26])

Podemos realizar, en cuarto lugar, un estimado a partir del estudio de KPMG, no tanto de su propuesta sino de los datos en cuanto a los recaudos con el sistema actual. Según KPMG los hogares en la categoría de ingreso anual de $21,800 a $33,000 en la actualidad tributan en promedio $1,141 (esto incluye contribución sobre ingresos y el IVU).[27] Para pagar esta suma en IVA de acuerdo a la tasa propuesta de 16% sería necesaria comprar productos a los que aplica dicho impuesto por valor de $7,131. Tomando en cuenta que con la reforma propuesta estas personas no pagarían contribución sobre ingresos podemos calcular el por ciento del ingreso que las personas tendrían que gastar en la compra de productos a los que aplica el IVA para que tributen más que en la actualidad. Los por cientos son: 33.9% para un hogar con ingreso de $21 mil; 28.5% para uno de $25 mil y 23.7% para un hogar de $30 mil. Si se incluye en el cálculo otros impuestos al consumo, la cifra que se paga en la actualidad sube a $1,892 y los por cientos indicados a 56.3%, 47.3% y 39.4% respectivamente.[28] Si tomamos en cuenta que el IVA afectará la ropa, el calzado, los efectos personales y del hogar, materiales escolares, muebles y enseres, materiales para cuido de bebés, servicios de reparación y de cuido, piezas de equipo, pagos por servicios de teléfono, internet, cable TV, actividades recreativas y tantos otros gastos básicos nos parece que la conclusión es evidente. En balance las familias pagarán más. Toda la argumentación de que esta reforma "pone más dinero en tu bolsillo es falsa": el dinero pasa por nuestro bolsillo, pues Hacienda no lo descuenta, pero sale inmediatamente de nuestro bolsillo, al momento de pagar el IVA.[29]

Insistimos que esto no debe sorprender: si la medida persigue un aumento de recaudos y la partida que aumenta es el IVA a la vez que se bajan las contribuciones a las corporaciones, es lógico pensar que las familias --que pagan el IVA-- pagarán más.

Tenemos ya tres hallazgos: el aumento de recaudos viene de las familias e individuos, las familias e individuos pagarán más y ese aumento se logra a través del IVA y no del aumento en la contribución sobre ingresos.

Y ese el cuarto hallazgo: el aumento de recaudos a los individuos no se logra a través del mecanismo del impuesto progresivo al ingreso, sino a través de la mayor dependencia del IVA, un impuesto regresivo, que tiene un efecto mayor según se reduce el ingreso de las personas.

Es decir, el proyecto traslada el peso del sistema contributivo de contribuciones sobre ingresos, que tienen un carácter progresivo a impuestos al consumo, que tienen un carácter regresivo. Según el estudio de KPMG, en el sistema actual los impuestos regresivos como el IVU y los arbitrios constituyen 16.76% de los recaudos. Con esta medida el peso de los impuestos regresivos aumentaría a 43.57%. La participación de la contribución sobre ingresos a individuos bajaría de 21.91% a 12.21% y la de los impuestos a corporaciones (ingresos y ley 154) de 36.93% a 25.11% de los recaudos.[30]

Es evidente que al aumentar el peso de los impuestos regresivos de 16.76% a 43.57% y al reducir el de los progresivos se aumenta la regresividad de nuestro sistema regresivo en su conjunto. Como ha indicado el Colegio de Contables Públicos Autorizados en su ponencia ante este cuerpo: el IVA "compromete progresividad de nuestro sistema contributivo".[31]

Los proponentes del proyecto admiten el carácter regresivo del IVA. Reconocen que afecta más al que menos tiene. Pero según sus proponentes el proyecto incluye disposiciones que amortiguan ese efecto recesivo. La primera es la compensación que ya discutimos. La segunda es la exclusión de algunos productos y servicios esenciales y programas (Medicaid, Medicare, reforma de salud) del IVA. El problema es que esto deja fuera una cantidad importante de productos y servicios que difícilmente pueden considerarse gastos discrecionales.

El caso más dramático es el costo de los servicios médicos para las personas que no se acogen a los programas o planes de salud indicados (más de 900 mil acogidas a otros planes y cerca de 300 mil no aseguradas). Como ya se sabe el IVA se calculará a partir del costo del servicio no del deducible: será muy común que el costo de visitas al médico o de pruebas de laboratorio se duplique. El único efecto de esto será una reducción de las visitas necesarias, un auto-racionamiento de procedimientos, una total marginación de gestiones preventivas. Si se suma el alza en el costo de las medicinas no recetadas tan solo se puede concluir que la medida añadirá otro desastre a nuestro ya maltrecho sistema de salud. En cierto momento se indicó que los servicios médicos se excluirían, pero declaraciones recientes del secretario de Hacienda indican que el ejecutivo aún no tomado posición al respecto.[32]

Por otro lado, hay que preguntarse qué sucederá con muchos pequeños y medianos comercios si las personas, como han planteado los proponentes del proyecto, deciden reducir su consumo. Nos parece que esa reducción, junto a las ventajas que gozan las megatiendas, sepultará a una buena cantidad de los primeros.

Se ha dicho que el IVA permitirá captar una parte importante de las contribuciones que en la actualidad evaden sectores adinerados y los que participan en la llamada economía informal. Lo primero que debemos señalar es que esto no afecta ni revoca el carácter regresivo del IVA y el peso incrementado de los impuestos regresivos en el sistema contributivo propuesto. Por otro lado, si bien la posible captura de ingreso ocultado por los sectores más ricos es una bondad de esta medida, el caso de la economía subterránea es más ambiguo, desde el punto de vista de la justicia económica. Buena parte del sector informal está compuesto, no por los magnates del narcotráfico en que todo el mundo parece enfocarse, sino por personas de muy bajos ingresos que realizan actividades económicas irregulares pero honestas para tratar de sobrevivir en una economía que no genera empleos formales suficientes: el IVA es un impuesto que reducirá la posibilidad de consumo ya precario y limitado de estos sectores trabajadores y empobrecidos.

No deja de ser meritorio que en su mensaje el gobernador haya señalado el fenómeno de le evasión contributiva y la participación en ese proceso de sectores adinerados. El hecho señalado por el gobernador y el secretario de Hacienda de que solo $12 mil personas informan ingresos de más de $150 mil es indicación de un ocultamiento masivo de ingresos para efectos de evasión contributiva. Por otro lado, KPMG también señala la falta de personal para auditar, la falta de aprovechamiento de programas disponibles para detectar violadores y evasores y recuperar las deudas e imponer las multas correspondientes y la aplicación arbitraria de acuerdos y rebajas para cobrar (o perdonar) deudas contributivas. Pero en lugar de atender estas y otras deficiencias y de armarse para fiscalizar a sectores con altas tasas de evasión, el proyecto ataca el problema con una medida cuyo efecto aumenta según se reduce el ingreso de la persona. Para captar la delincuencia de los más ricos se lleva por el medio al trabajador y los más pobres.

Irónicamente la política de reducción de empleo público ha impactado a la agencia que tiene a su cargo implantar la política contributiva vigente. En años recientes, como ha denunciado la UAW, sindicato que representa a trabajadores de dicha agencia, Hacienda ha reducido sus empleados a la mitad. Hay más de 1,900 plazas vacantes. Los auditores se han reducido de 300 en 2007, a 163 en la actualidad. Increíblemente hay solo 38 inspectores que tienen a su cargo velar por el cumplimiento del pago de IVU. ¿A quién puede sorprender entonces la baja tasa de captación de dicho impuesto (56%)?[33]

Dos consideraciones adicionales. Como indicamos, algunos proponentes de esta medida la acompañan con la noción de que al reducirse la carga contributiva a las corporaciones se desatará un proceso de inversión e iniciativa privada que revivirá la economía y la pondrá en la senda del crecimiento, como si la falta de crecimiento fuese resultado del peso indebido del sector público. [34]

Otra versión de esta idea es la noción de que el impuesto al consumo que se propone fomentará el ahorro, lo cual aumentará los fondos disponibles para la inversión y con ello el empleo. Se trata de versiones de la superstición que reseñamos al principio, de la fe ciega en la magia del mercado y la competencia: como si la transformación de impuestos al consumo en ahorros y de ahorros en capital y de capital en inversión fuese casi automática.

Nada más lejos de la realidad, sobre todo en Puerto Rico. La realidad es que no existe garantía alguna de que los $439 millones que KPGM estima que las corporaciones dejarán de tributar con el nuevo sistema se invertirán productivamente en Puerto Rico.

Por otro lado, otras voces, proponen como alternativa a la reforma o acompañan y hasta condicionan su aprobación a una reducción del gasto público. Hemos escuchado propuestas de reducción desde $300, $400 millones y hasta mil millones.[35] Pero esto es darle veneno al enfermo: al igual que la ley 7 (2009), al igual que toda medida de reducción del gasto público en una economía que padece de raquitismo empresarial, el efecto sería ahondar, no aliviar, la crisis económica.

Esto tan solo acentuaría el efecto depresivo que según KPMG tendría la propuesta de reforma contributiva equivalente a una caída de .53 % del PIB.[36]

Podemos resumir nuestro análisis en tres palabras: empobrecimiento, desigualdad, y estancamiento. Empobrecimiento en la medida que los hogares pagarán más, desigualdad en la medida que aumenta la importancia de impuestos regresivos y estancamiento en la medida que no se reconsidera la política de exención contributiva y que se reduce las contribuciones a las corporaciones sin garantía de reinversión.

En cuanto a la deuda, el gobernador en su mensaje insistió que la reforma propuesta debía permitir al gobierno cumplir con sus funciones y con las obligaciones a los acreedores: se supone entonces que se continuará pagando la deuda a pesar de la carga onerosa y a la larga insostenible que esto representa.

En fin, el panorama que surge de esta mirada no es halagador: una economía estancada, posibles aumentos en recaudos del gobierno debido a la reforma, a costa, sin embargo, de mayor desigualdad y del uso de parte importante de esos recaudos para el servicio de la deuda, que dada la situación de estancamiento, será a la larga impagable.

Por estas razones nos oponemos la aprobación del proyecto 2329.

Por supuesto, todo lo que hemos señalado se ampara en el proyecto según radicado. En el proceso de vistas públicas han empezado a considerarse cambios al proyecto. Esto, por un lado, es muy positivo. Se ha señalado que el costo de matrícula en escuelas y universidades privadas no acarreará el pago del IVA propuesto. De igual forma, es posible que los servicios médicos también se excluyan del IVA. Pero la necesidad de hacer estos cambios debiera ser una indicación de que sería mejor retirar el proyecto y abrir un debate amplio sobre la reforma contributiva que necesitamos. Según el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Honorable Rafael Hernández, con los cambios indicados la medida ya solo intentaría recaudar $300 millones con el objetivo de balancear el presupuesto del próximo año fiscal, para lo cual también serían necesarios recortes de $300 millones.[37] En ese caso, la reforma ha dejado de ser una reforma para convertirse en lo que gobernador afirmó no debía ser esta medida: un nuevo parcho a un sistema que necesita una reforma integral.

Consideramos que cualquier reforma contributiva quedará trunca si no es parte de un conjunto de iniciativas cuya amplitud y alcance corresponda a la magnitud y gravedad de la crisis que debe atender.  Ese conjunto de iniciativas debe incluir:

–        Una verdadera reforma contributiva que exija e imponga plena responsabilidad social a empresas y las grandes fortunas.

–        Una política realista ante el problema de la deuda que la renegocie desde una perspectiva no subordinante sino habilitadora para el país.

–        Una reforma gubernamental que democratice y agilice la administración pública con participación laboral y ciudadana.

–        Un planteamiento al gobierno federal sobre mutua conveniencia de un plan reconstrucción que dote al país de una economía que no requiera subsidios externos.

–        Una ofensiva contra la evasión contributiva, combinada con el compromiso y materialización de servicios de calidad para todos y todas.

–        Una política económica que supere el desarrollo unilateral en que la fuga de ganancias y la dependencia de la inversión externa se alimentan mutuamente.[38]

Como parte de estas iniciativas es necesario:

–        Reconsiderar la política de exención contributiva. El informe de KPMG reitera lo que las exenciones no se evalúan en términos de costo-beneficio y se sobreestima su efectividad. Hace tres semanas se hizo público un estudio comisionado por el Presidente de la Cámara de Representantes que indica que las exenciones contributivas otorgadas en sectores como la construcción de vivienda, los hospitales, los hoteles no se justifican, luego de realizar un estudio de costos y beneficios.[39] El estudio sugiere igual conclusión en el caso de la manufactura, exceptuando la industria farmacéutica. Tan solo en el caso de la agricultura y de las farmacéuticas se concluye que los beneficios claramente superan los costos. Sin embargo, el estudio no discute un aspecto clave de la industria farmacéutica: una parte importante de ese ingreso, de esos beneficios, se fugan de Puerto Rico, cuando dichas empresas repatrian sus ganancias. El resumen incluido en este estudio de otra investigación sobre el tema es muy elocuente: "La experiencia tiende a indicar que esos incentivos no tienen, en su conjunto, un efecto de significación sobre la inversión privada y el crecimiento económico. Más aún,… a través del tiempo se ha reducido sustancialmente la tasa contributiva efectiva a las corporaciones, como consecuencia de la multiplicidad de tratos tributarios preferentes a las empresas, pero tal reducción en tasas efectivas no tienen ningún efecto con significación estadística sobre la inversión privada en Puerto Rico."[40]

Sin embargo, y a pesar de que el Presidente de la Cámara indicó que sería irresponsable emprender una reforma contributiva sin tomar esto en cuenta, vemos que la reforma no toca este tema, ni tampoco se le acompaña con medidas o propuestas que indiquen una intención de reevaluar esta política.

A menudo se señala que la imposición de contribuciones al capital externo provocaría su partida. El problema es que estas inversiones ya se están yendo. Desde 1996 hemos perdido más de la mitad de los empleos en la manufactura. Se trata de asegurarnos de que las ganancias del presente ayudan a preparar la transición para una nueva etapa. Nada más un impuesto de 3% a las ganancias que hoy se fugan generaría $1.75 mil millones anuales. El toll-gate tax de 1.5% propuesto por el representante Manuel Natal como medida alterna a la llamada crudita hubiese generado $400-$500 millones (P de la C 2032). Se debe estudiar el mecanismo más adecuado (toll gate tax, revisión de ley de incentivos, revisión ley 154, revisión de ley 159 sobre zonas de libre comercio, revisión de decretos de exención contributiva) para allegar fondos de esta fuente. Las tasas aprobadas pueden estar sujetas a negociación a cambio de compromiso y cumplimiento de metas de reinversión en el país.

–        Eliminar la patente nacional y remplazarla por un impuesto especial a las megatiendas que generan grandes ganancias en Puerto Rico (P de la C 917 Luis Vega Ramos). Esto puede incluir impuesto a su movimiento de fondos hacia bancos fuera de Puerto Rico.

–        Combatir la evasión y la cultura de la evasión. Crear mecanismos efectivos de detección de ingresos y control de la evasión y delincuencia contributiva. Como ha señalado el secretario de Hacienda, tan solo cerca de 12 mil personas declaran ingresos de más de $150 mil dólares. Esto es muestra de un ocultamiento masivo de ingresos por parte de los sectores más adinerados. ¿Cómo es posible que no se pueda identificar a personas que están ocultando cientos de miles en ingresos? Esto no es un problema técnico, es un problema de voluntad. Combatir la cultura de la evasión conlleva terminar la campaña de desprecio de lo público que ha acompañado y acompaña las políticas de privatización y que convencen a la gente de que la aportación a lo público es un malgasto. Es necesario demostrar en la práctica que vale la pena tributar por los servicios que se reciben. Esto se enlaza con la propuesta de reforma gubernamental.

–        Acentuar la progresividad de las contribuciones sobre ingresos y sobre la propiedad y los impuestos de consumo a productos de lujo.

A menudo escuchamos que los impuestos progresivos, es decir tasas contributivas que aumenten según el ingreso son un "castigo al éxito" que desestimula la iniciativa privada. Esta posición pasa por alto que la acumulación improductiva de riqueza privada puede ser muy conveniente para unos pocos, pero lejos está de ser un éxito para la comunidad. Ese es el caso de Puerto Rico: del país no solo se van más de $35 mil millones en ganancias que se generan o se declaran en Puerto Rico, sino que hay una gran cantidad de riqueza privada que no se invierte productivamente. De ahí la tasa de desempleo de 15% y la tasa de participación laboral de 40%. Recuperar esa riqueza privada improductiva para potenciar el fondo de inversión pública no es "castigar el éxito" sino empezar a remediar ese fracaso.

De igual forma debemos subrayar que Puerto Rico no tiene un problema de vagancia, ni de dependencia, tiene un problema de desempleo, lo cual es muy distinto. Si tenemos un desempleo de 15% y una tasa de participación laboral de menos de 40% no se debe a que seamos vagos, o que "simplemente" no queremos trabajar, sino al fracaso de una política económica que no genera crecimiento ni empleo. No es culpa del pueblo desempleado y marginado; es culpa de gobernantes y de una clase empresarial que no ha sido capaz de darle dirección al desarrollo productivo del país. Ante esa realidad el gobierno tiene el deber de centralizar recursos en un fondo de inversión para el desarrollo del país: no es aconsejable bajar las contribuciones a empresas como se propone en el proyecto 2329. Como señala uno de los estudios citados por Cao en su análisis de la política de exención contributiva: "El fracaso de los incentivos contributivos es estimular la inversión en el sector privado solamente puede significar que los esfuerzos futuros podrían ser más exitosos si se concentran en aumentar la inversión en el sector público."[41]

–        Revisar las contribuciones a la propiedad inmueble para actualizar los costos, fijar exoneraciones razonables y asegurar la progresividad del impuesto.[42]

–        Explorar el "Financial Institutions Tax" que existe en algunos estados que se impone a instituciones financieras y de seguros (por ejemplo un impuesto de 7% sobre el ingreso neto). Se podría hacer algo similar, pero eximiendo las cooperativas de ahorro y crédito. Explorar la creación de un impuesto adicional al ingreso neto de compañías locales que podamos considerar grandes, según su volumen de ventas o número de empleados.

–        Diseñar y adoptar un seguro de salud universal.

–        Iniciar una reforma gubernamental que reduzca el malgasto y la corrupción, que incluya la creación de comités de trabajadores y usuarios en cada agencia con poderes de indagación y protección adecuada para los que denuncien prácticas corruptas.

–        La institución del presupuesto participativo como medio de determinar la prioridades presupuestarias de manera democrática y de reducir la corrupción y el malgasto.[43]

–        Plantear al gobierno federal la mutua conveniencia de un proyecto de reconstrucción económica. Además de imponer contribuciones y exigir la reinversión de ganancias en Puerto Rico, es necesario hacer un señalamiento al pueblo de Estados Unidos en general y al gobierno federal en particular de que la estructura existente de la economía de Puerto Rico constituye un desastre para el pueblo de Puerto Rico, que sufre sus consecuencias directamente (desempleo, pobreza, deterioro social y ambiental)  y el pueblo de Estados Unidos (que destina recursos para subsanar en parte esas consecuencias). Esta estructura tan solo beneficia a un puñado de grandes empresas. Conviene al pueblo trabajador de Estados Unidos y de Puerto Rico reconstruir nuestra economía para que nuestro pueblo pueda proveerse de los medios necesarios para una vida digna.

–        Reconocer el carácter insostenible de la deuda. Seguir pagándola sin reconocer este hecho es el camino al eventual impago en condiciones peores. La única salida es reconocer que esa deuda es impagable, realizar una auditoría y negociar con los acreedores cuanto, cómo y en qué términos se podrá pagar. La auditoría para la cual ya existen varios modelos como mínimo permitirá entender cómo y por qué se acumuló, quiénes la negociaron, para qué se usaron los fondos, quiénes actuaron irresponsablemente, quiénes se lucraron. En el mejor de los casos, podrá revelar que parte de la deuda es ilegal o ilegítima, en cuyo caso habrá mejor base para exigir su anulación y se fortalecerá la situación del país en las negociaciones con los acreedores. Algo debe estar claro: la deuda debe renegociarse, no para subordinar más al país a los acreedores, menos aún para colocarlo bajo control de un síndico, sino como acto de auto-preservación del país ante una emergencia social. Debemos trabajar por una renegociación habilitante, no subordinante. El representante Manuel Natal ya ha radicado legislación relacionada con la suspensión del pago de parte de la deuda (P de la C  2003) que puede servir de punto de partida para elaborar medidas sobre este tema.

–        Con la tributación o compromiso de reinversión de empresas foráneas, aumento de contribuciones a megatiendas y otras corporaciones, reducción de la evasión, fondos liberados por la renegociación de la deuda y negociados con el gobierno federal se debe poner en marcha un plan de reconstrucción. Puerto Rico necesita una economía propia, que, sin eliminar la inversión externa enfatice la iniciativa interna (pública, privada y cooperativa); que sin subestimar la exportación aumente la producción para el mercado interno (incluyendo la recuperación de la agricultura y las industrias anexas); que promueva y logre la reinversión en el país del excedente que aquí se genera; que estimule el mercado interno y la productividad con una política de redistribución de la riqueza y de más justa participación del trabajador en el producto y la organización de su trabajo y que se comprometa, entre otras medidas ambientales urgentes, a la transición acelerada al uso de fuentes de energía renovable. En estas vistas el economista del Centro para una Nueva Economía se ha referido a esto como creación de una "base de producción nacional" con una "red de eslabonamientos entre los sectores productivos".[44]

Sabemos perfectamente que algunas de las ideas que estamos formulando –revisar la política de concesiones contributivas al gran capital, tasas contributivas más altas a los más altos ingresos, ampliación del sector público– contradicen los dogmas de mercado que han dominado la política económica durante tres décadas. Pero esas son las políticas que condujeron a la crisis global que estalló en 2008 y cuyas consecuencias están lejos de superarse y esas son las políticas que en Puerto Rico se han traducido en nuestro estancamiento económico y el consecuente deterioro social. Muchas gracias.

 


[1]Programa de Planificación Económica y Social. Junta de Planificación, Informe económico al Gobernador 2013 (24 diciembre 2014), A-62, A-65.

[2]La política de exención contributiva se encarna en la Ley 73 de 2008, la Ley 159 de 2004 (sobre zonas de libre comercio), los decretos emitidos por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como otras disposiciones. Para un listado exhaustivo de esas medidas ver el estudio: Asesoría y consulta Inc. (Ramón Cao García, et. al.), Evaluación de beneficios y costos de créditos  e incentivos contributivos a empresas. Informe al Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (2014).

[3] Esto ha conducido a un crecimiento desmedido de la deuda que ya alcanza $73 mil millones si sumamos la deuda del gobierno del ELA, COFINA y de las corporaciones públicas.

[4]Este descenso es resultado de medidas como la Ley 7 (2009), Ley 70 (2010) o Ley de retiro incentivado, los cambios a pensiones de los empleados del gobierno y la política de no llenar plazas vacantes (attrition).

[5]Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, "Estadísticas de Puestos Ocupados en Gobierno", 26 febrero 2015.

[6]Informe económico al Gobernador 2013, A-65.

[7]"Firme defensa de Melba Acosta a la transformación contributiva", Comunicado de prensa del Departamento de Hacienda, 12 marzo 2012.

[8]José J. Alameda Lozada, Daniel E. Garavito Medina, La política neoliberal en Puerto Rico y la ley número 7. Impactos y consecuencias socio-económicas. Años fiscales 2009 al 2011. (San Juan: SITUM, 20l2), 38-39. James Alm ha llegado a igual conclusión: "The common notion that the government has grown too big in Puerto Rico cannot easily be justified by the actual relative size of government expenditures in economic activity." "Assessing Puerto Rico's Fiscal Policies" en Susan B. Collins, Barry Bosworth, Miguel A. Soto-Class eds. The Economy of Puerto Rico. Restoring Growth (Washington D.C.-San Juan: Brookings Institution, CNE, 2006), 338.

[9]Una formulación reciente de esta idea se encuentra en la columna del economista Elías Gutiérrez, "Reestructuración", Nuevo Día, suplemento Puerto Rico en quiebra, 3 febrero 2015, p.18.

[10]Tax Reform Assessment Project. Comparable Jurisdiction Operating Model Report, Sección 2.4.2. En el Executive Summary se ofrece la cifra de 8% para Puerto Rico y el promedio de 33.19% para los países miembros de la OECD.

[11]Tax Reform Assessment Project. Comparable Jurisdiction Operating Model Report, Sección 2.4.6.

[12]Francisco Catalá Oliveras, Promesa rota (San Juan: Callejón, 2013), Cuadro 12a p. 216.

[13]Ejemplos recientes en Grecia, Portugal y España, entre otros países lo demuestran: gobiernos que enfrentan el problema de la deuda con medidas de austeridad tan solo agravan la crisis económica y con ello la crisis fiscal y el problema de la deuda. Entre otros estudios recomendamos Mark Blyth, Austerity. The History of a Dangerous Idea (New York: Oxford University Press, 2013).

[14]En la actualidad la deuda de Puerto Rico se la reparten de esto modo: 66% bancos y fondos mutuos; mutual funds; 8% individuos; 24 % hedge funds.

[15] El Presidente del Senado Eduardo Bhatia ha indicado que "no ha habido un solo grupo que haya venido a estas vistas –que no sea que trabajen en el gobierno—que esté a favor de este proyecto". "Bhatia pide al Gobierno que ceda y escuche los reclamos ciudadanos", Metro, 13 marzo 2015.

[16]"Acorralado el fondo general", Nuevo Día, 12 marzo 2015; "Entre abril y mayo una nueva emisión", Nuevo Día, 13 marzo 2015.

[17]"Firme defensa de Melba Acosta a la transformación contributiva", Comunicado de prensa del Departamento de Hacienda, 12 marzo 2012.

[18]Hemos hecho este señalamiento desde comienzos de 2014. Por ejemplo: "Puerto Rico no es chatarra", Nuevo Día, 4 febrero 2014. Nos alegra ver que la idea empieza a considerarse por otras agrupaciones y estudiosos. Es el caso de las ponencias ante este cuerpo del Colegio de Contables Públicos Autorizados y del Centro para la Nueva Economía, por dar dos ejemplos importantes. Colegio de Contadores Públicos Autorizados (Kermit Lucena Zabala, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, "Ponencia ante Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado", 3 marzo 2014) y del Centro Nueva Economía, entre otros. ("Centro para la Nueva Economía ofrece sus propuestas ante el Senado", Comunicado prensa del Senado de Puerto Rico, 4 marzo 2015). Legisladores del partido de gobierno como Manuel Natal y Ramón Luis Nieves han hecho planteamientos similares. El Senador Nieves ha dicho correctamente: "la deuda de Puerto Rico es impagable, o más bien el costo de pagar esa deuda nos llevará a tener que recortar servicios de salud, educación y desarrollo económico". ("Senador insiste en renegociar la deuda pública", Tribunapr.com, 16 octubre 2014).

[19]Ver Eric Toussaint, "Restructuración, auditoría, suspensión y anulación de la deuda" http://cadtm.org/Reestructuracion-auditoria. La página del CADTM tiene materiales sobre este tema.

[20]Se informa que este impuesto lo pagan 27 corporaciones. Seis de esas 27 pagan 75% de los recaudos de este impuesto. Esto quiere decir que 6 empresas aportan cerca de 15% de los recaudos del fondo general. Esto no es muestra de la generosidad de estas empresas sino de cuan estrecha es la base económica y, por tanto, contributiva generada por la política de exención contributiva. El dato se toma de Kermit Lucena Zabala, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, "Ponencia ante Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado", 3 marzo 2014.

[21]Rafael Bernabe "Dos preguntas", Nuevo Día, 17 enero 2015.

[22]Hemos escuchado un estimado del economista Alejandro Silva de $200 millones en lo que a una decena de megatiendas se refiere.

[23]Tan solo en el grupo de personas con ingreso menor de $20 mil no se registra aumento pues el cuadro supone una compensación por regresividad de 100%.

[24]Según el ya citado estudio de KPMG las personas que tienen un ingreso de menos de $20 mil radicaron 51% de las planillas en 2012. Según el mismo estudio 49.4% de los hogares tienen un ingreso menor a $20 mil y 66.4% menor a $33 mil. De total de 1,376, 531 hogares, 681, 339 tienen un ingreso menor de $20 mil y 233, 080 entre $20 mil y $33 mil.

[25]Hemos leído reportajes en los que el Presidente de la Cámara Jaime Perelló afirma que la reforma contributiva no es para "el vago", ni para "el puertorriqueño saludable que puede estudiar, que puede trabajar y no lo hace porque simplemente no lo quiere hacer". ("Aseguran que la reforma contributiva no será para los vagos", Metro, 4 enero 2015) Nos preocupan tales manifestaciones: a pesar de que se dice que habrá compensación por la regresividad del IVA se está preparando el terreno para justificar que no todos reciban compensación o que la compensación sea limitada o parcial. Eso sería mantener a los vagos.

[26]Kermit Lucena Zabala, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, "Ponencia ante Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado", 3 marzo 2014.

[27]Tax Reform Assessment Project. Unified Tax Code of Puerto Rico: Tax Policy Implementation Options. General Explanation of Principal Options. Oct. 31 2014, p.29-30.

[28]La cifra de $1,892 se calcula del Cuadro 10 del Reform Assessment Project. Unified Tax Code of Puerto Rico: Tax Policy Implementation Options. Executive Summary, Oct. 31 2014.

[29]El estudio realizado por el economista Alejandro Silva, adaptando las cifras ofrecidas por KPMG a las disposiciones del proyecto llega a las mismas conclusiones. Alejandro Silva Huyke "Perfil de una reforma contributiva integral que beneficie al pueblo y promueva el desarrollo", Foro de la Cumbre Social La Reforma contributiva que queremos, Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, 23 febrero 2015.

[30]Ver cuadro 7 en Tax Reform Assessment Project. Unified Tax Code of Puerto Rico: Tax Policy Implementation Options. Executive Summary. Oct. 31 2014.

[31]Kermit Lucena Zabala, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, "Ponencia ante Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado", 3 marzo 2014.

[32]"Se avecina la hora crucial para el IVA", Nuevo Día, 12 marzo 2015.

[33]José Melara, Coordinador UAW-Puerto Rico, "Ponencia sobre el P de la C 2329 ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes", 5 marzo 2015.

[34]El presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló, ha planteado que al reducirse la carga contributiva de las empresas estallará o "detonará" el crecimiento económico.

[35]La primera cifra corresponde al Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Rafael Hernández. La cifra de $400 millones a la Alianza por el sentido común, promovida por el sector empresarial, y la de mil millones a señalamientos del Presidente del Senado Eduardo Bhatia. De igual forma, a principios de 2014 en el contexto de la degradación de la cualificación de los bonos del ELA al llamado nivel chatarra el economista Gustavo Vélez propuso el despido de 50 mil empleados públicos y otros analistas plantearon reducir 20% los salarios del gobierno.

[36]Tax Reform Assessment Project. Unified Tax Code of Puerto Rico: Tax Policy Implementation Options. Executive Summary. Oct. 31 2014. Cuadro 8.

[37]"Descartada el alza de $1,200 millones" Nuevo Día, 8 marzo 2015.

[38] Hemos hecho este señalamiento desde principios de 2014. Nos alegra constatar que otros grupos han ido llegando a igual conclusión. La ya mencionada ponencia del Colegio de Contables Públicos Autorizados, por ejemplo, señala críticamente que la propuesta de reforma contributiva no incluye o no se combina con medidas referentes al problema de la deuda, del desarrollo económico y de la reorganización del gobierno.

[39]Asesoría y consulta Inc. (Ramón Cao García, et. al.), Evaluación de beneficios y costos de créditos  e incentivos contributivos a empresas. Informe al Presidente de la Cámara de Representantes (2014).

[40]Énfasis nuestro. El estudio mencionado es: Ramón Cao García, "Incentivos industriales e inversión privada en Puerto Rico, Revista Civilizar de Empresa y economía (Universidad Sergio Arboleda, Bogotá) núm. 2, año 2, julio-dic 2010, 54-73. Ver también "Demolido el mito de los incentivos industriales", Nuevo Día, 23 febrero 2015.

[41]Se trata de un estudio de Thomas Karick. Ver  Asesoría y consulta Inc. (Ramón Cao García, et. al.), Evaluación de beneficios...

[42]Algunas economistas han indicado que para simplificarse el proceso de tasación en el sector residencial se debe un sistema de tasación masiva basado en áreas de construcción y de tamaño de parcela aplicando valores unitarios promedio por vecindario y material de construcción. Citamos de un documento de trabajo del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores preparado por el economista Alejandro Silva.

[43]Sobre esto modelo ver Ian Bruce, The Porto Alegre Alternative: Direct Democracy in Action (London: Pluto, 2004)

[44]"Centro para la Nueva Economía ofrece sus propuestas ante el Senado", Comunicado prensa Senado de Puerto Rico, 4 marzo 2015. Este proyecto de reconstrucción económica y ambiental no puede desconectarse de la necesidad de repensar como construimos nuestras ciudades y vecindarios, la relación entre espacios públicos y privados, entre transporte individual y colectivo. Nada de esto puede ocurrir espontáneamente: exige una cuidadosa planificación pública de nuestro desarrollo económico y de todo las áreas que lo afectan (infraestructura, educación superior, etc.)