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La hora de la moratoria: el informe del BGF y las propuestas del PPT

Por Rafael Bernabe, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador

Durante el debate sobre la reforma contributiva, el PPT advirtió que estaba cada vez más cerca el momento en que el servicio de la deuda entraría en contradicción con el deber del gobierno de garantizar los servicios esenciales que el país necesita, para no hablar de tomar las acciones necesarias para recuperar el crecimiento económico.

 

Insistimos que la deuda del gobierno y las corporaciones públicas era y es triplemente insostenible: insostenible porque pagarla afecta los servicios esenciales que el país necesita, porque pagarla impide generar el crecimiento necesario para pagarla y porque a la larga o la corta, si la economía no crece y los cargos por el servicio de la deuda aumentan, una situación de impago es inevitable.

 

Los señalamientos del PPT: un año de intervenciones

Desde hace más de un año señalamos la necesidad de enfrentar este hecho de manera responsable y previsora, reconociendo del carácter insostenible de la deuda, abriendo un proceso de renegociación de la misma, que debía incluir una auditoría y que no debía descartar una moratoria en caso de ser necesaria. Por lo mismo indicamos que la emisión de $3.5 mil millones de nueva deuda en 2014, que el gobierno celebró como una gran victoria, tan solo aplazaba el problema a costa de agravarlo. Señalamos que el debate no era si se llegaba al impago y la renegociación, sino en qué circunstancias se llegaría al impago y qué tipo de renegociación se realizaría, es decir, para beneficio de quién y con qué consecuencias.

En cuanto a esto, advertimos que había que evitar tanto una renegociación caótica, resultado del impago imprevisto en condiciones de crisis agravada, así como una renegociación subordinante, en la que se sacrifique al país para pagar lo más posible. El gobierno debía trabajar para asegurar, al contrario, una renegociación habilitante que nos permita retomar el camino del crecimiento. Advertimos que seguir pagando la deuda irreflexivamente aseguraba el primer desenlace y que la actitud de sumisión ante los bonistas abonaba al segundo.

Por otro lado, destacamos que el problema del déficit recurrente del presupuesto del gobierno no es resultado del mal llamado "gigantismo" gubernamental en el que tanto insisten los sectores empresariales y sus ideólogos. Ese déficit y la deuda creciente con que se ha cubierto (hasta hacerla insostenible) es la otra cara del agotamiento del eje de la política económica del gobierno: la política de exención contributiva. Desde hace una década esa política no genera crecimiento del ingreso ni del empleo ni, por tanto, de los recaudos del gobierno. Desde 1996 se han perdido mitad de los empleos en la manufactura. Por otro lado, permite que cada año salgan del país cerca de $35 mil millones en ganancias que no se reinvierten en nuestra economía.

De ese modo el país sigue encerrado en el círculo vicioso de la dependencia en el que está atrapado desde hace mucho: su desarrollo depende de atraer capital externo, capital que exporta y no reinvierte la mayor parte de sus ganancias, por lo cual existe una altísima tasa de desempleo y una falta de capital, por lo cual se depende de atraer capital externo, capital que exporta sus ganancias… y así en el cuento de nunca acabar. Millones de puertorriqueños y puertorriqueñas han trabajado incesantemente por décadas, y el país sigue igual de desposeído y descapitalizado que siempre.

Por eso indicamos que era y es necesario enfrentar la crisis en toda su magnitud, tanto a corto, mediano como largo plazo. Tal curso de acción debe incluir: renegociar la deuda insostenible (incluyendo la auditoría y sin descartar la moratoria) y también reconsiderar la política de exención contributiva. Hay que reconsiderarla como acción de emergencia para recuperar a corto plazo parte de las ganancias que ahora se van del país. Pero también hay que reconsiderarla como parte de un plan de reconstrucción económica cuyo eje debe ser superar el círculo de la dependencia y lograr que una parte mayor, que la mayor parte de las ganancias que se generan en Puerto Rico se reinviertan en Puerto Rico.

Hasta ahora el gobierno se ha rehusado a considerar estas propuestas. Cuando en febrero de 2014 hablamos de renegociar la deuda y de la posibilidad de una moratoria, en vísperas de la degradación del crédito del ELA a nivel especulativo, se despachó nuestro señalamiento sin mayor consideración. Como no ha estado dispuesto a reconsiderar el pago de la deuda o la política de exención contributiva, al gobierno le han quedado dos avenidas para atender la crisis fiscal: más impuestos al pueblo trabajador, como la crudita y el IVA, o recortes al gasto de gobierno, incluyendo el empobrecimiento de los empleados públicos, como la ley 66 y los recortes propuestos de $1.5 mil millones. Como no lograron imponer el IVA ahora pretenden reducir $1.5 mil millones en el gasto público.

Nos opusimos y nos oponemos, tanto al IVA como a la ley 66 y los recortes. El IVA es injusto. Destacamos que la terquedad del Gobernador en cuanto al IVA, a pesar de la oposición que había generado, sugería que el momento crítico en que el gobierno no podría garantizar los servicios necesarios al país y cumplir con el servicio de la deuda estaba probablemente mucho más cerca de lo que el mismo Gobernador había explicado. Por otro lado, indicamos que los recortes que se empezaron a mencionar desde febrero (Bhatia habló de mil millones en recortes) tienen un triple efecto negativo.

En primer lugar, degradarán directamente el nivel de vida de casi 200 mil empleados públicos. En segundo lugar, empeorarán los servicios que el país necesita. En tercer lugar, deprimirán aún más la situación económica del país: se trata de $1.5 mil millones y su impacto multiplicador que se retira de la economía del país. Al igual que ocurrió con la ley 7, las medidas para reducir el gasto público acentuarán la depresión económica y acabarán por afectar negativamente los recaudos del gobierno, agravando la crisis fiscal que se pretende solucionar.

Insistimos que no hay que escoger entre el IVA y los recortes, ninguno de los cuales contribuye a sacar al país de la crisis. En lugar de tales medidas hay que renegociar la deuda y reconsiderar la exención contributiva. Como el gobierno, hasta ahora, descarta ambas, sigue atrapado y nos quiere imponer las primeras opciones injustas y contraproducentes.

Irónicamente, no querer reconocer la realidad, insistir en pagar una deuda irreflexivamente en los términos que se contrajo, seguir respondiendo al problema de la deuda reduciendo el gasto público y no reconsiderar una política fracasada para supuestamente no ahuyentar al capital externo conduciría precisamente al impago que se pretendía evitar. (Pueden verse nuestros comunicados, columnas, hojas y ponencias de principios de 2014 al presente en pueblotrabajador.com)

 

El informe del BGF (de mayo 2015)

El más reciente informe del Banco Gubernamental de Fomento, aunque no extrae todas las conclusiones que debiera, confirma el análisis que el PPT ha ido formulando desde hace más de un año. La economía de Puerto Rico continúa decreciendo, tanto en términos de ingreso como de empleo. El PNB se redujo .2 y .9 por ciento en 2013 y 2014 respectivamente y volverá a reducirse en 2015. También se reducen los recaudos del gobierno. Los recaudos se reducen en parte como resultado de la contracción de la actividad económica, en parte como resultado de nuevas concesiones a las ganancias del capital externo, como la eliminación en diciembre de la patente nacional, que generaba cerca de $200 millones. (En todo caso había que enmendarla para aliviar a los pequeños comerciantes, pero no eliminarla.)

Mientras la economía no crece, sí crece el servicio de la deuda: durante el año fiscal 2016 el servicio de la deuda del gobierno central únicamente aumentará en $533 millones para alcanzar la cifra de $1.97 millones, es decir, casi $2 mil millones, lo cual equivale a cerca de 25% de los recaudos al Fondo General (a lo cual hay que añadir la deuda de corporaciones públicas y municipios, algunas de la cuales como la AEE y AAA ya están en situación de impago de hecho).

En ese sentido, el BGF reconoce que es posible que durante el primer trimestre del año fiscal 2016 (a más tardar septiembre de 2015) el gobierno del ELA se encontrará en la situación que predijimos desde principios de 2014: el gobierno no podrá cumplir con sus obligaciones con el país y cumplir a la vez con el servicio de la deuda. En ese momento, advierte el BGF, reconociendo lo que hemos señalado hace más de un año, el gobierno tendrá que tomar medidas de emergencia que pueden incluir una moratoria, un "ajuste" de la deuda y otros "remedios" que "afecten" los "derechos de sus acreedores" (mejor sería decir los intereses de los acreedores).

Según el informe, quitando opciones que consideramos más abajo, el BGF agotará su liquidez para septiembre de 2015. No podrá apoyar ni a los municipios, ni a las corporaciones públicas ni al gobierno central, por lo cual ninguno de estos será capaz de mantener sus operaciones necesarias y cumplir con sus obligaciones con los acreedores oportunamente ("in a timely manner"). En ese caso, afirma el informe, se harán necesarias medidas de emergencia como las ya mencionadas: moratoria, ajuste de la deuda y otros remedios que afecten los derechos de los acreedores. A todo esto se añade la dificultad que tendrá el gobierno del ELA en obtener los créditos a corto plazo (los llamados TRANS) que negocia al principio del año fiscal en lo que entran la mayor parte de los recaudos en la segunda parte de cada año, momento en que se saldan los primeros.

El informe del BGF sigue mencionando como tabla de salvación la emisión de $2.9 mil millones en nueva deuda que debía apoyarse en el impuesto al petróleo recién aprobado (la crudita) y que permitiría a la Autoridad de Carreteras saldar su deuda con el BGF. Pero este informe mismo, con las reiteradas advertencias sobre la moratoria parece alejar toda posibilidad de que tal emisión pueda completarse. Más aún, el informe reconoce lo que hemos señalado reiteradamente: en ausencia de crecimiento económico y de aumento de los recaudos del gobierno la nueva emisión de deuda aliviaría el problema inmediato, pero lo agravaría en poco tiempo: aumentaría el servicio de la deuda y la contradicción entre esa obligación y los servicios que el país necesita. Lo que se evitaría en 2015 con la emisión de nueva deuda, se replantearía en 2016, en condiciones de mayor endeudamiento.

Pero el informe va más allá. Señala otros escenarios en los que la moratoria, el ajuste de la deuda y los remedios que afecten "los derechos de los acreedores" serían necesarios.

Es el caso de las corporaciones públicas que operan con pérdidas y que dependen de transferencias y subsidios del gobierno central. La política pública actual mandata que estas estructuras deben recuperar su independencia fiscal. Pero nada asegura que lo logren. De no hacerlo o ellas o el gobierno central o todos serán incapaces de cumplir con sus obligaciones y tendrán que tomar medidas de emergencia como la moratoria, el ajuste y los otros remedios indicados.

Por otro lado, la ley 154, que establece un arbitrio que pagan las empresas foráneas (4% de ventas a sus subsidiarias) caduca en diciembre de 2017. Este arbitrio genera cerca de 20% de los recaudos del gobierno central. Su eliminación también colocaría al gobierno ante la necesidad de medidas de emergencia como la moratoria y el ajuste de la deuda.

Otra situación similar existe en salud. En la actualidad, ASES administra el seguro de salud que cubre a cerca de 1.6 millones de personas. Sin embargo, en marzo de 2018, a menos que se tomen medidas para evitarlo, perderá los fondos federales que recibe a través del Affordable Care Act. En ese momento el gobierno del ELA no podría mantener la cobertura que necesitan los asegurados y cumplir con el servicio de la deuda. En ese caso se harán necesarias las medidas de emergencia indicadas.

Por último, pero no menos importante, se encuentran los sistemas de retiro, tanto del gobierno central como de los maestros. La solvencia de ambos depende, en parte, de las aportaciones que el gobierno debe hacer y que no ha estado realizando cabalmente. Para evitar la insolvencia de esos sistemas y asegurar los pagos a los pensionados el gobierno tendrá que realizar desembolsos entre ahora y 2021 que también lo colocarán en la necesidad de tomar medidas de emergencia como la moratoria y el ajuste.

En fin, el informe del BGF señala que sea por la crisis de las reservas del BGF, la incapacidad de emitir TRANS, la expiración de la ley 154, la necesidad de subsidiar corporaciones públicas con pérdidas, la crisis de ASES o la necesidad de evitar el colapso de los sistemas de retiro o por la combinación de esos y otros elementos, el gobierno del ELA tendría que tomar medidas de emergencia como una moratoria o un ajuste de la deuda y otros remedios que afectarían los intereses de los acreedores.

Hay un aspecto en que el informe del BGF confirma otro señalamiento que hemos hecho reiteradamente y que debemos subrayar: intentar enfrentar la crisis del presupuesto con recortes agrava a la crisis económica que a su vez reduce los recaudos del gobierno, lo cual agrava la crisis fiscal que se pretende solucionar. Citemos las palabras del informe: "Moreover, the effort to achieve budgetary balance may adversely affect the performance of the Commonwealth economy, which in turn may adversely affect government revenues."

 

Ni IVA ni recortes…

De todo esto tan solo podemos concluir que la salida no son los recortes propuestos. La salida a la crisis exige una renegociación habilitante de la deuda y una reconsideración de la política de exención contributiva. El BGF ya ha reconocido que la moratoria es casi inevitable. Incluso si lograse la emisión de la nueva deuda que tiene proyectada, el problema volvería a plantearse en 2016 o 2017. Es hora de enfrentar el problema en lugar de aplazarlo, agravándolo. Es hora de asumir la moratoria, no como fatalidad y la renegociación, no como rendición ante los bonistas sino como oportunidades para renegociar en defensa de los intereses del país. El gobierno debe ampararse en el espíritu de la misma legislación federal de quiebra que reconoce los derechos de todo deudor a que no se le reduzca a la miseria o la servidumbre como resultado de una deuda impagable y su derecho a reorganizar sus finanzas para recuperar la viabilidad económica. Existe una amplia literatura, basada en experiencias prácticas sobre la renegociación y la moratoria que es necesario asimilar. (Ver por ejemplo, Eric Toussaint, "Reestructuración, auditoría, suspensión y anulación de la deuda" en http://cadtm.org/Reestructuracion-auditoria)

El informe del BGF tiene el mérito de reconocer la inevitabilidad de la moratoria y los ajustes a la deuda y de la inutilidad y efecto depresivo de los recortes. Debe ser consecuente con esas posiciones y lograr que el gobierno las entienda. Por otro lado, hay que reconsiderar la política de exención contributiva. Aquí el BGF mantiene las concepciones obsoletas de siempre. Rechaza todo aumento de impuestos al capital externo bajo la noción de que eso desalentaría la inversión. El problema es que hace tiempo la exención dejó de alentar la inversión: desde 1996 se han ido mitad de los empleos en la manufactura. La economía no crece hace casi una década. El mismo informe del BGF es prueba lamentable de lo dicho: los proyectos recientes que menciona crearían más o menos 700 empleos. Esto asegura que el estancamiento actual se perpetuará y que el problema de la deuda, por tanto, se agravará.

Igualmente preocupante es el señalamiento de que se ha contratado a tres antiguos economistas del Fondo Monetario Internacional para examinar la situación económica y de la deuda y hacer propuestas para generar crecimiento y atender el problema de la segunda. Se espera que hagan un estudio "según las prácticas del FMI": es decir, aunque Puerto Rico no puede acogerse a los programas del FMI se anuncia que tratará de seguir lo que serían sus prácticas y recomendaciones. Esto podrá ser reconfortante para los bonistas, pero no para nuestro pueblo.

La receta normal del FMI desde el estallido de la deuda de los llamados países en desarrollo a principios de la década de 1980 ha sido insistir en el pago de la deuda con la combinación de nuevos créditos condicionados a la implantación de medidas de austeridad, privatización y concesión de más prerrogativas al gran capital. Podemos hacer corta una historia larga señalando que el balance global de esas políticas ha sido el aumento de la deuda y el empobrecimiento de los países, además de la crisis global de 2008. Esperemos que esa no sea la receta que nos sirvan los tres expertos. Uno de ellos, la señora Krueger tiene experiencia como promotora de la creación de algún mecanismo para que los países endeudados puedan renegociar sus deudas. Sin embargo, las propuestas que promovió a principios de la década del 2000 no llegaron a nada: fueron bloqueadas por los acreedores, a la vez que muchos activistas por la cancelación de la deuda del Tercer Mundo la denunciaron como insuficientes.

Los sectores empresariales, sus organizaciones, "expertos" y publicistas, como el periódico Caribbean Bussiness, no se cansan de culpar a los políticos y los partidos de los problemas del país. El pueblo trabajador, por supuesto, no debe apoyar a los políticos de siempre, pero debe tomar estas denuncias con cautela. Para estos señores de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Industriales los políticos son unos ineptos porque no han atacado con más fuerza a las organizaciones sindicales, no han impuesto más recortes a los salarios y pensiones, no han privatizado más agencias y corporaciones públicas. Desde la calle los trabajadores y trabajadoras, empleados y desempleados, los estudiantes y comunidades debemos impulsar nuestra agenda, que también denuncia las acciones del gobierno y de los políticos del PNP y del PPD, pero desde una perspectiva muy distinta.

Por lo pronto debemos insistir que la alternativa al IVA y a los recortes propuestos está en empezar la recuperar parte de las ganancias que ahora se fugan y en renegociar una deuda insostenible.

Desde principios de 2014 el PPT ha impulsado un programa de cinco puntos ante la crisis económica y fiscal. Ese programa incluye la reconsideración de la política de exención contributiva, la renegociación de la deuda (incluyendo la auditoria y sin descartar la moratoria de ser necesaria), una reforma gubernamental con participación laboral y ciudadana, un plan de reconstrucción económica y la negociación de participación federal ha dicho plan. Ya existe legislación que se mueve, aunque sea tímidamente, en esta dirección.

El Proyecto de la Cámara 2032 (sometido por el representante Natal) colocaría un impuesto de 1.5%, a las ganancias cuando salen de Puerto Rico. Este impuesto, que, en todo caso, es muy bajo, generaría cerca de $500 millones para el fondo general. El Proyecto de la Cámara 917 (sometido por el representante Vega Ramos) impondría una contribución a las megatiendas parecido al que pagaban bajo la patente nacional, que la legislatura eliminó irresponsablemente. Este impuesto generaba y generaría cerca de $200 millones anualmente. Con estas dos medidas ya se obtiene casi la mitad de los fondos que se quieren ahorrar con los recortes programados.

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 2003 plantea declarar un estado de emergencia e iniciar un proceso de renegociación de parte de la deuda, así como revisar incentivos contributivos vigentes. La Resolución Concurrente 50 propone una auditoría de la deuda, entre otras medidas para facilitar su renegociación.

El PPT apoya estas medidas, que pueden ser insuficientes, pero van en la dirección correcta. Es muy positivo que legisladores del partido de gobierno hayan sometido esta legislación, la cual, sin duda podría enmendarse y mejorarse. Pero es igualmente cierto que la administración y el más alto liderato del PPD no da muestras de reconsiderar su rechazo tenaz de estas medidas. Por otro lado, hay que destacar que si bien el ese liderato y el liderato PNP estaban divididos en cuanto al IVA, ya Pedro Pierluisi dio el visto bueno a los recortes proyectados por el gobierno.

Todo esto abona a una conclusión inescapable: tanto para luchar consecuentemente, en todas las coyunturas, contra todas las formas en que se nos intenta hacer pagar por la crisis, como para construir una alternativa integrada y coherente ajustada a los intereses de la mayoría necesitamos nuestro propio partido, un Partido del Pueblo Trabajador.