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La Batalla de la Renegociación

Por Rafael Bernabe

Durante la última semana, el debate sobre la deuda pública de Puerto Rico se ha transformado. Se han reconocido oficialmente muchos señalamientos que hemos formulado reiteradamente desde principios de 2014 --como el hecho de que la deuda es impagable-- y que el gobierno negaba o no quería reconocer. Se ha decidido hacer cosas que hace tiempo habíamos propuesto --como renegociar la deuda-- y que hasta ayer se nos dijo que era imposible, inconstitucional, incluso inmoral.

Del mensaje del Gobernador sobre la deuda y el Informe Krueger se pueden entresacar una serie de ideas que el PPT ha ido señalando en decenas de comunicados y ponencias (disponibles en pueblotrabajador.com), como por ejemplo:

  1. el problema de la deuda es inseparable de la crisis de la economía de Puerto Rico, que no crece desde hace una década.
  2. el problema de la economía no es coyuntural, es estructural, es un problema de fondo, que exige, por tanto, cambios profundos, no meros parchos.
  3. las medidas que hasta ahora se han tomado, independientemente de que sean justas o no, han sido eso: parchos.
  4. la deuda pública (del ELA, las corporaciones públicas, el BGF y los municipios) es, globalmente hablando, impagable y es necesario renegociarla.
  5. los deudores, en este caso Puerto Rico, tienen derechos y no se les puede reducir a la servidumbre para pagar una deuda impagable.
  6. como dice la legislación de quiebra federal, el deudor, y en este caso, Puerto Rico, tiene derecho a un fresh start, a un nuevo comienzo. Tiene derecho a un acuerdo que le permita recuperar su viabilidad económica y financiera.
  7. Lo que los acreedores puedan recuperar, lo cual será objeto de negociación, dependerá de que Puerto Rico pueda crecer económicamente.

El PPT ha indicado desde principios de 2014 (ver mi columna "Puerto Rico no es chatarra, Nuevo Día, 4 febrero 2014) que la deuda es insostenible por al menos tres razones:

  1. porque pagarla en los términos que fue contraída impide proveer los servicios que el país necesita
  2. porque pagarla impide tomar las acciones necesarias para recuperar el crecimiento que sería necesario para pagarla
  3. porque al no crecer la economía y crecer el servicio de la deuda la situación de impago era inevitable.

Para dar un solo ejemplo, en abril de 2014 hicimos una presentación ante la Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento, nombrada por el Gobernador. Ante dicha mesa señalamos lo siguiente: "El gobierno acaba de emitir $3.5 mil millones adicionales en deuda, para seguir pagando la deuda existente. Los resultados de esa política serán: un agravamiento del problema de la deuda, nuevos ataques al pueblo trabajador… y el cese de los pagos en el futuro, en peores condiciones que en el presente." Los hechos nos han dado la razón. Ahora incluso el Secretario de Hacienda reconoce que debemos usar los recursos que ahora van al servicio de la deuda para reconstruir nuestra economía.

Hay que aplaudir entonces que al menos se haya reconocido que la deuda es impagable y que debe renegociarse. El tema que ahora tenemos es ¿cómo afrontar esa renegociación? Aquí las acciones y expresiones del gobierno todavía son insuficientes. Para ver algunas de las acciones que se pueden y deben tomar conviene examinar un artículo que se publicó hace varios días en la conocida revista norteamericana New Republic. (David Doyen, "Don´t Reward Greedy Vulture Funds Who Recklessly Invested in Puerto Rico, 1ro julio 2015) El artículo apunta a una serie de hechos que también hemos indicado anteriormente pero que ahora cobran mayor importancia, por ejemplo:

  1. según la situación financiera del ELA se agravó, los acreedores exigieron intereses cada vez más altos: es decir exigieron una prima de riesgo ante la posibilidad de un impago. Tomaron un riesgo y cobraron por ello: el riesgo es riesgo porque trae peligro de pérdida y en este caso tendrán que tomar algunas pérdidas.
  2. más aún: según la posibilidad de impago se materializaba y caía la cualificación de los bonos de Puerto Rico, una parte creciente de esos bonos fue adquirido a descuento por fondos de ubicación, hedge funds o fondos buitre. Ese es el juego de estos fondos: comprar a descuento y cobrar al valor nominal y realizar de paso una ganancia extraordinaria. Por eso los llaman buitres. Es decir: incluso con pagos reducidos estos fondos tendrán una ganancia considerable.
  3. no hay duda de que ante la falta de recaudos (cuya raíz hay que discutir) el gobierno de Puerto Rico cayó, como dice el autor, en la adicción de la deuda. Pero si el gobierno estaba adicto, los acreedores fueron los proveedores de la droga, que solo se fijaron en que los bonos de la isla eran triplemente exentos (a impuestos municipales, estatales o federales). Los acreedores cargan también con parte de la responsabilidad.
  4. A esto nosotros añadiríamos el rol de los encargados de emitir la deuda, los bancos y casas financieras, que cobraron cerca de (agárrese) mil millones de dólares en comisiones desde 2000. (Ver sobre este tema Bill Faries, Martin Z. Braun, Michelle Kaske "How Wall Street Fed Puerto Rico's $70 billion Debt Binge", Bloomberg, Oct. 12, 2013)

Alguien se preguntará, legítimamente, pero si no tomaba prestado, ¿qué pudo haber hecho el Gobierno de Puerto Rico? Algunos plantearán que debió recortar el presupuesto y reducir el gasto público. Esta es la receta que todavía se promueve de parte del gobierno y los sectores patronales. Pero esto, como hemos señalado reiteradamente, tan solo agravaría nuestra crisis económica. En lugar de seguir en la carrera del endeudamiento el gobierno debió reconsiderar la política de exención contributiva: la política que desde hace tiempo no genera crecimiento económico y que permite que cerca de $35 mil millones salgan del país anualmente, sin tributar o tributando relativamente poco.

Entre el gobierno adicto a la deuda y los pushers de Wall Street se continuó respetando las sagradas ganancias de esa empresas y endeudando al país hasta el límite. El endeudamiento y la fuga de ganancias de una economía estancada son dos caras de la misma moneda. Luego se ha pretendido que el pueblo pague por esa crisis (con el IVU, la ley 7, la ley 66, la crudita, el IVU agrandado, los recortes a las pensiones). Ahora que llegó la hora del impago hay que transformar el momento en ocasión de una verdadera renegociación y de un cambio de política económica y contributiva.

En cuanto a la renegociación, la posición del Gobierno es débil e insuficiente: no se puede negociar con "loan sharks" como los llama el artículo de Doyen, con manos de seda. El mero anuncio del Gobernador de que la deuda es impagable ya ha provocado que parte de los bonistas contraten bufetes para demandar al ELA. Estos son los mismos intereses que bloquearon la llamada ley de quiebra criolla. A la vez han formado nuevos grupos para coordinar sus esfuerzos en las negociaciones con el gobierno de Puerto Rico. El señalamiento de estos intereses es claro: Puerto Rico tiene los fondos para pagarnos, pagar los servicios que necesita y crecer económicamente. Es decir, no dan muestra alguna de tener en mente nuestro bienestar o recuperación económica. (Ver el comunicado del PPT sobre esto del 3 de julio 2013). El Gobernador ha planteado que buscará una moratoria acordada con los acreedores, que consistiría de un aplazamiento del pago de la deuda hasta tanto la economía empiece a crecer. El artículo de Doyen plantea que para poder defenderse de los fondos buitres el Congreso debe incluir a Puerto Rico bajo la ley de quiebra federal, de forma tal que se pueda renegociar la deuda al amparo de esa legislación (algo similar a lo ocurrido en Detroit, por ejemplo). El Gobernador también apoya esa salida.

Tenemos que preguntarnos, sin embargo, ¿qué pasará si los acreedores o parte de ellos no acceden a la moratoria acordada? ¿Qué pasará si no se incluye a Puerto Rico bajo la ley de quiebra federal o no se valida la ley de quiebra criolla? ¿Quedará Puerto Rico reducido a la servidumbre de los bonistas? El Gobernador dijo en su mensaje que los acreedores que no entiendan que deben sacrificarse también para que Puerto Rico pueda recuperarse tendrán que enfrentar al pueblo de Puerto Rico unido. Eso está muy bien, pero hay que poner dientes a esas palabras. Los dientes son el derecho legítimo que tenemos  a suspender los pagos cuando sea necesario y a auditar la deuda: es decir la moratoria unilateral y la auditoría. Una moratoria no cierra la comunicación ni las negociaciones sino que las abre: las abre en un escenario en que los acreedores entenderán muy claramente que el reinicio de los pagos depende de las negociaciones. Le dejará claro al Congreso, al Presidente, a los tribunales y a todos los interesados que nuestro gobierno entiende que la situación de Puerto Rico es extrema, que tomará las acciones necesarias para defender a su gente y que es necesario atender sus reclamos para lograr una salida a la crisis económica actual. Sin duda se trata de una medida audaz, pero el momento exige audacia. (Sobre este tema ver materiales en la página del cadtm.org incluyendo el artículo "Restructuración, auditoría, suspensión y anulación de la deuda" de Eric Toussaint).

Se podrá argumentar que esto nos cerrará los mercados, que traerá demandas, que generará una situación complicada. El problema es que esos argumentos, en el punto al que hemos llegado, ya no son válidos: ya estamos fuera de los mercados, el gobierno ya enfrenta demandas, la situación ya es tremendamente complicada.

Más aún: la renegociación no puede limitarse a un aplazamiento. Debe poner todo sobre la mesa: intereses, principal, plazos.

Por otro lado, el tema de quién detenta los bonos, cómo y a qué precio se adquirieron, cómo se emitieron, quién recibió comisiones, bajo qué disposiciones y qué uso se dio a la deuda, cómo se tomaron en cuenta los riesgos, y tantas otras interrogantes exigen una auditoría de la deuda, por representantes del pueblo y expertos internacionales en el tema, con algunos de los cuales el PPT tiene contacto y comunicación.

Por último hay que señalar que, como bien indica el informe Krueger, la economía de Puerto Rico tiene un serio problema estructural. Ese problema estructural, que Krueger no explica correctamente, es el hecho de que nuestros sectores productivos están controlados casi enteramente por el capital externo, que exporta la mayor parte de sus ganancias. Esas ganancias no crean empleo ni fomentan el crecimiento en Puerto Rico y, como no generan el fondo de inversión que el país necesita, seguimos dependiendo de la atracción del capital externo. Ese es el círculo vicioso que tenemos que romper. La fórmula propuesta por Krueger es reducir los salarios, beneficios y derechos de los trabajadores para atraer más inversión externa: eso tan solo sería dar otra vuelta en el círculo vicioso a costa de los trabajadores. Eso es perpetuar, no superar el problema estructural. Para cambiar eso se empieza por reconsiderar la política de exención contributiva, como hemos señalado tantas veces, para recuperar para el país parte de las ganancias que ahora se fugan.

En los próximos meses la renegociación de la deuda se convertirá en una batalla compleja y difícil: debemos exigir una verdadera negociación, que incluya la moratoria y la auditoria de la deuda. Y debemos rechazar las medidas de austeridad contra el pueblo y exigir que primero se coloquen impuestos a megatiendas y multinacionales.